Soledad Varas, abogada capitalina, denunció una supuesta connivencia entre un matrimonio de abuelos, el abogado de ellos, un asesor de Menores, y dos jueces de Cámara, todos de Chepes, para apropiarse de unos 450 mil pesos, importe que el Estado riojano pagó en un juicio civil a dos niñas que perdieron a su madre cuando su padre, en ese momento policía, le habría pegado un tiro.
En una entrevista exclusiva con un diario de la capital provincial, Soledad Varas, dio a conocer en donde está en juego la nada despreciable cifra de casi medio millón de pesos, pero por sobre todas las cosas el accionar de gente del fuero judicial, que de ser como dice Varas, sumaría más puntos negativos a una Justicia que atraviesa justamente una crisis de credibilidad por parte de la sociedad.
Al margen que estarían sacándole el dinero a dos adolescentes que se tuvieron que criar sin su madre, la cual habría sido asesinada por su padre, y con sus abuelos maternos sobre los que se dice que las maltrataron durante el tiempo que ellas estuvieron bajo su tutela.
La historia de Varas, dice que en el comienzo de la década pasada, Nicolás Daniel Carrizo, que se desempeñaba como policía de la Provincia, en un caso confuso mató a su mujer, y por ese hecho fue condenado a 12 años de prisión, por lo que las dos hijas en ese entonces menores de edad, quedaron bajo la tutela de sus abuelos maternos.
Cabe aclarar que ese fallo se dio en el fuero penal, en tanto el juicio civil contra Carrizo y el Estado siguió su curso y el año pasado el falló salió favorable los demandantes, por lo que el Estado riojano y Carrizo debían pagar en concepto de indemnización a las hijas del matrimonio la suma de 750 mil pesos, discriminado en 450 mil por parte del Estado y el resto por Carrizo.
No obstante, en el 2009, la Justicia le otorga el beneficio de la libertad condicional al ahora ex policía, y sus hijas se vienen a vivir con él y los abuelos nunca más supieron de las niñas y aparentemente nunca hicieron nada por volverlas a ver.
Los rumores en Chepes eran que las menores se quisieron venir a vivir con su padre por el maltrato que recibían por parte de sus tutores, inclusive la mayor de ellas una vez se habría escapado de sus abuelos para venir a verlo a su padre.
Pero los problemas comenzaron este año cuando en marzo último el Gobierno depositó 100 mil pesos en concepto de la primera cuota de la indemnización en el expediente y el asesor de Menores Julio César Euliarte, con el aval de los magistrados Luis Eduardo Morales y Rosa Graciela Yaryura, le pagó ese dinero a los abuelos de las nenas, que están asesorados por un abogado de apellido Rodríguez.
Lo que le extraña a Varas es que siendo todos de Chepes, y con el conocimiento de la causa, nadie se haya percatado primero que las niñas ya no estaban más con sus abuelos hace cuatro años; segundo, que pese a que en el expediente judicial están asentadas las partidas de nacimiento de las niñas, no se hayan dado cuenta que una ya cumplió la mayoría de edad, y tercero que el asesor no haya pedido rendición de cuenta a los abuelos, cuando “ese es su trabajo”, y encima le abonó en abril la segunda cuota por el mismo importe.
Por estos motivos es que Varas pidió el inmediato bloqueo de los pagos a los abuelos, y la devolución de los 200 mil pesos, de los cuales les correspondería una parte a la joven mayor de edad y el restante a quien tiene la tutela de la menor, es decir Carrizo que en este caso tiene la absoluta potestad sobre su hija.
Por otra parte Varas dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones en contra de Euliarte, Rodríguez, Morales y Yaryura, por entender que no actuaron por negligencia sino que lo habrían hecho por connivencia, y a los que calificó de malas personas al decir que “antes de ser buen abogado, buen funcionario y buen magistrado, hay que ser buenas personas”.
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